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ESTÁ PASANDO

El presidente de la Asociación de Exportadores de Chile, Ronald Bown, señaló que el problema de las cerezas chilenas en China -una presunta detección de Covid-19 en algunas cajas- es el más grande en tres décadas, tras el caso de las “uvas envenenadas” de 1989.

“Es una situación bastante compleja, no me cabe duda que es la más compleja que hayamos vivido en 30 años, desde la fruta envenenada. Esto se dio por una publicación que no se le dio mucha importancia al comienzo, lamentablemente. Ahora no tenemos la posibilidad de reaccionar de forma rápida. Tenemos casi todos los mercados cerrados y un 10% de velocidad en términos de la venta. Es bastante serio”, dijo el empresario a Emol.

Los exportadores armaron una mesa de trabajo junto al Servicio Agrícola Ganadero (SAG), el embajador de China en Chile y diversos gremios.

Tal como señaló Bown, el caso recordó la crisis de las uvas chilenas de 1989, cuando a dos granos de uva chilena se les encontró cianuro.

La alerta se dio cuando a la embajada de EE.UU. en Santiago llegaron amenazas telefónicas señalando que las exportaciones de frutas hacia ese país y Japón serían envenenadas. A raíz de eso, se intensificaron los controles y el 12 de marzo de 1989, tras revisar un cargamento enviado desde Curacaví a Filadelfia, EE.UU., las autoridades de la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos del gobierno de Estados Unidos) encontraran esos dos granos con cianuro, aunque en dosis no letal.

Tras ello, EE.UU., Canadá y Japón retuvieron la fruta chilena, destruyeron 300 mil cajas de uva, la sacaron de los comercios e incluso prohibieron la importación desde Chile generando pérdidas por unos 300 millones de dólares. El caso se solucionó tras cuatro días de embargo.

El diario The Wall Street Journal publicó un extenso reportaje donde recogían evidencia que “sugería fuertemente” que el envenenamiento de la fruta ocurrió en EE.UU. y no en Chile.

Algunos especialistas plantearon una serie de interrogantes acerca de la forma “milagrosa” en que se ubicaron los dos granos contaminados en una partida de millones de gajos de uvas. Desde la Universidad de Harvard señalaron que hubo un gran número de cajas provenientes de los viñedos de Curacaví entre las cajas inspeccionadas, a pesar de que tan sólo 26 de los 4.045 palets en el barco registrado provenían de este viñedo. La conclusión, para ellos, era que la FDA contó con información sobre dónde buscar las uvas contaminadas.

Judicialmente hubo gastos por US$8 millones y demandas público y privadas desde Chile contra la FDA. El caso se cerró tras 10 años sin culpables. Las hipótesis van desde temas políticos (Pinochet había perdido el plebiscito meses antes y EE.UU. habría buscado garantizar el proceso de fin de la dictadura), pasando por asuntos proteccionistas (de los productores de frutas californianos) hasta negligencias y operaciones dudosas de la FDA.